Cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados de emergencia en 2020
El 31 de marzo de 2020, en los primeros locos días del estado de alarma, el Gobierno de Murcia adjudicó la gestión de su televisión pública a la empresa CBM, la misma que llevaba haciéndolo hasta entonces. La diferencia es que, esta vez, lo hizo utilizando la tramitación de emergencia, un sistema excepcional que permite dar contratos a dedo por la vía ultrarrápida, sin abrir expediente y con muy pocos controles previos y transparencia. Este sistema, el más rápido y directo de la Ley de Contratos -permite hasta poner en marcha algo solo con hablarlo, y ya luego, si eso, redactar las condiciones- está limitado a tres supuestos muy claros: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional.
Es evidente que la pandemia que justo estaba arrancando por entonces era y es una catástrofe y que suponía graves peligros, por eso se permitió el uso de este sistema para la compra de, por ejemplo, mascarillas. Pero para entender qué tiene que ver el coronavirus con la televisión pública de Murcia hay que ponerse algo más imaginativos. Y lo hicieron.
En su justificación, el primer argumento es que el estado de alarma frenó los trámites administrativos y, claro, no pudieron conceder a tiempo el concurso abierto que habían convocado para esa concesión. Más allá de que no llegar a tiempo no es causa suficiente para usar este sistema, lo cierto es que sí lo tuvieron: el contrato vigente por entonces arrancó en 2015 y se había prorrogado tres veces. Finalizaba el 30 de abril. Y no fue hasta el 25 de febrero que pusieron en marcha el contrato, después de varios retrasos en los trámites previos. Con esos plazos era casi imposible, con pandemia o sin ella, con estado de alarma o sin él, que llegaran a tiempo.
El segundo argumento es más etéreo: la televisión es esencial en casos de catástrofes, dicen. Y no aprobar ese contrato a dedo por tramitación de emergencia suponía un “significativo peligro para la salud y la vida de las personas”. Con estos mimbres, se aprobó la contratación de emergencia por unos 744.000 euros al mes hasta que el concurso abierto eligiera a un ganador por la vía ordinaria. El plan era que fuera solo un parche durante dos meses, mayo y junio, pero se prorrogó dos veces, la última ya estimaba alargarlo en 2021.